Marchena
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) emitió el 24 del 11 de 2016 sentencia condenatoria contra la obra iniciada por la Junta de Andalucia que incumplió las directivas sobre las aves silvestres y los hábitats naturales
Tres tramos del eje ferroviario transversal Marchena-Osuna I-II y Variante de Osuna, con un coste de más de 80 millones de euros, cortan en dos la laguna de Ojuelos y afectan a la ZEPA (Zona sensible de espacio protegido) Campiñas de Osuna, donde nidifican especies de aves en peligro de extinción como la Avutarda o la Ganga Ortega.
La corte, con sede en Luxemburgo, falló que España, antes de la clasificación de la zona Campiñas de Sevilla como zona especial protegida (ZPE) en julio de 2008, incumplió sus obligaciones con la directiva sobre las aves y, después de esa fecha, con la directiva sobre los hábitats, al no adoptar las medidas adecuadas para evitar el deterioro del medio natural y de las especies.
Tampoco para evitar alteraciones que repercutieran en las especies que motivaron la designación de dicha zona como protegida como ya denunció Ecologistas en Acción.
La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción por incumplimiento de leyes ambientales europeas, según confirmó a ésta redacción la oficina del comisario europeo de Medio Ambiente Janez Potocnik, quien firma el documento oficial que analiza el caso y que indica que se ha incumplido la normativa europea.
Una vez iniciado el proceso de infracción contra la Junta de Andalucía, el proyecto “no puede estar sujeto a ser cofinanciado por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), ya que no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento (artículos 39, 40 y 41 , CE 1086/2006), debido a estos problemas ambientales”, según ha indicado la oficina de la CE en Barcelona.
La Junta insiste en que no se han perdido fondos por este proyecto, y quiere dejar claro que “no hay retenido fondo alguno, sencillamente renunciamos a ellos” dice el portavoz de la Agencia Andaluza de Obras Públicas, refiriéndose a los FEDER.
El Ejecutivo comunitario recibió una denuncia de Ecologistas en Acción sobre el proyecto de construcción de una nueva línea férrea de alta velocidad entre Sevilla y Almería, en concreto con relación a las secciones Marchena-Osuna I, Marchena-Osuna II y Variante de Osuna.
El proyecto de línea férrea atraviesa un espacio natural calificado el 29 de julio de 2008 por las autoridades españolas como zona de especial protección para las aves (ZEPA), de forma que la clasificación tuvo lugar después de que se autorizara el proyecto y de que se realizase la evaluación de impacto ambiental.
Antes de ser clasificado como ZEPA, el lugar (Llanura Cerealista Écija-Osuna) figuraba desde 1998 en el inventario de Áreas Importantes para las Aves de Europa (IBA), ya que alberga varias especies de las incluidas en la directiva sobre las aves, entre ellas la avutarda común (Otis tarda).
Por una parte el tribunal señaló que la directiva sobre aves obliga a los países a tomar medidas adecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como las perturbaciones que afecten a las aves en las ZPE, incluso si la zona afectada no hubiera sido calificada como tal.
Según la jurisprudencia, "hay que apreciar una infracción de estas obligaciones si la Comisión acredita la existencia de la probabilidad o del riesgo de que un proyecto deteriore los hábitats de especies de aves protegidas o les provoque perturbaciones significativas".
La construcción de la línea férrea en cuestión puede provocar perturbaciones significativas y un deterioro, según el tribunal.
Por otro lado, la corte indicó que la directiva sobre hábitats se aplica a la zona Campiñas de Sevilla desde que fue declarada ZPE, cuando tomó el relevo a la directiva sobre las aves y a las obligaciones que conllevaba.
La directiva sobre los hábitats obliga a los países a tomar las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones que repercutan de manera significativa en las especies.
Los ecologistas hablan de una clara negligencia
Los ecologistas insisten que esta obra es “ilegal” y quieren que se restituya el hábitat de las aves protegidas si es preciso destruyendo el viaducto incluido en el inconcluso Eje Ferroviario Transversal, una obra que la Junta de Andalucía acaba de anunciar que no tiene dinero para finalizar, tras invertir 280 millones de euros que han acabado yendo a ninguna parte. La Junta afirma trabajar en medidas compensatorias que no incluyan la destrucción del viaducto, tras firmar un convenio con el CSIC, para presentar a los ecologistas cuando esté listo.
José Luis Anguita, de Ecologistas en Acción-Sevilla que interpuso denuncia ante la UE en 2011, pide que se saque el trazado del AVE de la zona de especial protección de aves, ZEPA. Después de que el pasado año se iniciara la apertura de dictamen motivado, ya ha terminado el plazo para que la Junta entregue su documentación y se espera que pronto la UE decida llevar el caso al tribunal de Estrasburgo –lo más probable- que puede imponer alguna sanción hasta que no se modifique el proyecto.
La Junta incumplió leyes ambientales de la UE con el AVE inacabado Antequera Marchena
El AVE inacabado' Antequera-Marchena, que ha dejado en vía muerta 77 kilómetros ya construidos por falta de presupuesto, incumple además las leyes ambientales europeas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) emitió el 24 del 11 de 2016 sentencia condenatoria contra la obra iniciada por la Junta de Andalucia que incumplió las directivas sobre las aves silvestres y los hábitats naturales
Tres tramos del eje ferroviario transversal Marchena-Osuna I-II y Variante de Osuna, con un coste de más de 80 millones de euros, cortan en dos la laguna de Ojuelos y afectan a la ZEPA (Zona sensible de espacio protegido) Campiñas de Osuna, donde nidifican especies de aves en peligro de extinción como la Avutarda o la Ganga Ortega.
La corte, con sede en Luxemburgo, falló que España, antes de la clasificación de la zona Campiñas de Sevilla como zona especial protegida (ZPE) en julio de 2008, incumplió sus obligaciones con la directiva sobre las aves y, después de esa fecha, con la directiva sobre los hábitats, al no adoptar las medidas adecuadas para evitar el deterioro del medio natural y de las especies.
Tampoco para evitar alteraciones que repercutieran en las especies que motivaron la designación de dicha zona como protegida como ya denunció Ecologistas en Acción.
La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción por incumplimiento de leyes ambientales europeas, según confirmó a ésta redacción la oficina del comisario europeo de Medio Ambiente Janez Potocnik, quien firma el documento oficial que analiza el caso y que indica que se ha incumplido la normativa europea.
Una vez iniciado el proceso de infracción contra la Junta de Andalucía, el proyecto “no puede estar sujeto a ser cofinanciado por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), ya que no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento (artículos 39, 40 y 41 , CE 1086/2006), debido a estos problemas ambientales”, según ha indicado la oficina de la CE en Barcelona.
La Junta insiste en que no se han perdido fondos por este proyecto, y quiere dejar claro que “no hay retenido fondo alguno, sencillamente renunciamos a ellos” dice el portavoz de la Agencia Andaluza de Obras Públicas, refiriéndose a los FEDER.
El Ejecutivo comunitario recibió una denuncia de Ecologistas en Acción sobre el proyecto de construcción de una nueva línea férrea de alta velocidad entre Sevilla y Almería, en concreto con relación a las secciones Marchena-Osuna I, Marchena-Osuna II y Variante de Osuna.
El proyecto de línea férrea atraviesa un espacio natural calificado el 29 de julio de 2008 por las autoridades españolas como zona de especial protección para las aves (ZEPA), de forma que la clasificación tuvo lugar después de que se autorizara el proyecto y de que se realizase la evaluación de impacto ambiental.
Antes de ser clasificado como ZEPA, el lugar (Llanura Cerealista Écija-Osuna) figuraba desde 1998 en el inventario de Áreas Importantes para las Aves de Europa (IBA), ya que alberga varias especies de las incluidas en la directiva sobre las aves, entre ellas la avutarda común (Otis tarda).
Por una parte el tribunal señaló que la directiva sobre aves obliga a los países a tomar medidas adecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como las perturbaciones que afecten a las aves en las ZPE, incluso si la zona afectada no hubiera sido calificada como tal.
Según la jurisprudencia, "hay que apreciar una infracción de estas obligaciones si la Comisión acredita la existencia de la probabilidad o del riesgo de que un proyecto deteriore los hábitats de especies de aves protegidas o les provoque perturbaciones significativas".
La construcción de la línea férrea en cuestión puede provocar perturbaciones significativas y un deterioro, según el tribunal.
Por otro lado, la corte indicó que la directiva sobre hábitats se aplica a la zona Campiñas de Sevilla desde que fue declarada ZPE, cuando tomó el relevo a la directiva sobre las aves y a las obligaciones que conllevaba.
La directiva sobre los hábitats obliga a los países a tomar las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones que repercutan de manera significativa en las especies.
Los ecologistas hablan de una clara negligencia
Los ecologistas insisten que esta obra es “ilegal” y quieren que se restituya el hábitat de las aves protegidas si es preciso destruyendo el viaducto incluido en el inconcluso Eje Ferroviario Transversal, una obra que la Junta de Andalucía acaba de anunciar que no tiene dinero para finalizar, tras invertir 280 millones de euros que han acabado yendo a ninguna parte. La Junta afirma trabajar en medidas compensatorias que no incluyan la destrucción del viaducto, tras firmar un convenio con el CSIC, para presentar a los ecologistas cuando esté listo.
José Luis Anguita, de Ecologistas en Acción-Sevilla que interpuso denuncia ante la UE en 2011, pide que se saque el trazado del AVE de la zona de especial protección de aves, ZEPA. Después de que el pasado año se iniciara la apertura de dictamen motivado, ya ha terminado el plazo para que la Junta entregue su documentación y se espera que pronto la UE decida llevar el caso al tribunal de Estrasburgo –lo más probable- que puede imponer alguna sanción hasta que no se modifique el proyecto.
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